Juarez y Granados
Agustín Juárez y Francisco Granados, en un acto de partido

Hace tres años, el 3 de febrero de 2012 el Ayuntamiento de Collado Villalba recibía un escrito de la Comunidad de Madrid autorizando el Expediente de Regulación de Empleo impulsado por el equipo de Gobierno del PP al poco tiempo de llegar al poder. En la práctica, ese documento daba luz verde al Consistorio para despedir a 39 trabajadores municipales, como así hizo pocos días después.

La autorización llevaba la firma de María del Mar Alarcón Castellanos, directora General de Trabajo del Ejecutivo regional y cuñada de Francisco Granados, que actualmente se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco como cabecilla y cerebro de la trama Púnica, un entramado de corrupción municipal que afectaría a varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Precisamente entre esos ayuntamientos figura el de Collado Villalba, cuyo alcalde, Agustín Juárez, fue detenido junto a Granados e imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación del servicio de eficiencia energética del municipio.

En los días en que el ERE se estaba tramitando, el ex regidor villalbino justificó la necesidad de despedir a trabajadores por la situación de las arcas municipales. En concreto, lamentó que “el Ayuntamiento se encuentra en la más absoluta de las ruinas”. El organismo presidido por María del Mar Alarcón Castellanos dio por buenos esos argumentos: “este centro directivo estima que han quedado acreditadas las causas económicas invocadas por la entidad local y, por tanto, procede autorizar el ERE instado por el Ayuntamiento de Collado Villalba”. Junto a la de María del Mar Alarcón, la segunda de las firmas que hizo efectivo el despido de 34 trabajadores fue la de Agustín Juárez.

La situación de «colapso» de las finanzas municipales alegada por el Consistorio chocaba notablemente con la decisión del equipo de Gobierno, tan solo ocho días después de los despidos, de crear una empresa municipal “para la organización de actividades culturales, deportivas, taurinas y lúdico-festivas”, un asunto que contó con un informe contrario al mismo por parte del secretario, quien advirtió que esta iniciativa “podría incurrir en nulidad de pleno derecho”.

Según argumentó el secretario municipal en su informe: “no consta acreditada la viabilidad y sostenibilidad social, técnica, jurídica y económico-financiera de la empresa (…) El despido objetivo aproximado de cuarenta personas recientemente, etc. contrasta con la constitución de una empresa mercantil sin solvencia acreditada para la realización, entre otras, de actividades taurinas y lúdico-festivas”.

El ERE de Collado Villalba fue el último realizado en una administración pública antes de la reforma laboral, con la peculiaridad de que, aunque la autorización administrativa fue previa al decreto de reforma, los despidos se realizaron después.

Granados vendió un terreno a su cuñada

El nombre de la cuñada de Granados aparecía estos días en las noticias, concretamente en eldiario.es, que publicaba una información según la cual el ex alcalde de Valdemoro habría ganado “2,8 millones de euros con cuatro ventas de inmuebles y terrenos un mismo día”, el 31 de agosto de 2007. Una de esas ventas fue la realizada a su cuñada. María del Mar Alarcón Castellanos adquirió 584 metros cuadrados que reportaron al político un beneficio de 240.000 euros, señala El Diario.

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Agustín Juárez, junto a la directora General de Trabajo y el edil José Flores / Imagen Ayto Collado Villalba

El nombramiento de María del Mar Alarcón, que también es responsable del Servicio regional de Seguridad Social y Salud Laboral, fue muy criticado en su día por el PSOE. Según publicaba el diario El Mundo en 2009, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, declaraba: «Éste no es el cortijo de nadie; ésta es la Comunidad líder en España y tiene que aspirar a liderar Europa».

El ERE sigue pendiente de la decisión de la Justicia

Tres años después, el ERE de Collado Villalba sigue aún pendiente de la decisión de la Justicia, concretamente del Tribunal Supremo. Hasta la fecha, tanto el Juzgado de lo Social nº 35 como el TSJ de Madrid han considerado el ERE ajustado a derecho, por lo que sorprende que la demanda interpuesta por los sindicatos el pasado verano de 2014 fuera admitida a trámite por el Alto Tribunal, que deberá decidir en las próximas semanas, o meses, sobre el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado por la CGT, al que se han adherido posteriormente otras centrales.

En el caso de que el Expediente fuera declarado nulo por el Supremo, el Ayuntamiento deberá readmitir a los trabajadores despedidos y abonar los correspondientes salarios de tramitación -como ha ocurrido recientemente tras la sentencia que da la razón a una trabajadora del servicio de bibliotecas– mientras que en el caso de rechazarse el recurso, esto no significaría el fin del proceso, sino más bien al contrario, ya que constituiría el pistoletazo de salida para los múltiples juicios individuales interpuestos por los ex empleados, que podrían prolongarse, incluso, durante varios años más.